Debido a la falta de regulación, coordinación y registro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dirigida por Luis Videgaray Caso, a los donativos de 22 países para la reconstrucción en México tras los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, continúa la duda sobe el uso y destino de los recursos por más de 3 mil 413 millones de pesos, determinó la Auditoría Superior de la Federación.
Ciudad de México, 30 de junio (SinEmbargo).– La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), entonces titulada por Luis Videgaray Caso (2017-2018), no reguló, coordinó ni registró los donativos internacionales para la reconstrucción luego de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en una revisión de la Cuenta Pública 2018.
«Se desconocen los montos totales, modalidades y uso de las donaciones en especie, de apoyo técnico y en dinero, en incumplimiento de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo», observó el órgano fiscalizador en una revisión de desempeño dictaminado el 6 de junio pasado.
«Las deficiencias e insuficiencias detectadas denotan que la SRE no contribuyó a contar con un mecanismo ágil, transparente y efectivo de control y coordinación para que los recursos donados sean administrados y entregados en beneficio de la población», acusó.
El 7 de septiembre de 2017 ocurrió un sismo de magnitud de 8.2 grados que ocasionó daños en los hogares e infraestructura pública de Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Días después, el 19 de septiembre de ese mismo año, se presentó otro sismo de magnitud 7.1 grados que afectó escuelas, hospitales y viviendas de la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y, nuevamente, Chiapas y Oaxaca.
De acuerdo con el Ejecutivo Federal, el costo de la reconstrucción y rehabilitación se estimaba en 48 mil millones de pesos. El sector privado y la sociedad civil a nivel nacional e internacional contribuyeron con apoyo monetario para apoyar a la ciudadanía.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) instruyó a las dependencias de la administración pública federal para que los donativos fueran canalizados al Fideicomiso Fuerza México. De acuerdo con el Senado de la República, al 5 de diciembre de 2017, se contabilizaron aportaciones monetarias por un total de 3,413.4 millones de pesos en apoyo a las fases de urgencia y reconstrucción tras los sismos de septiembre de 2017; además, algunos bancos realizaron campañas.
De ese monto otorgado por 22 países, fueron 3,234,169.5 dólares americanos; 48,494.0 euros; 20,161,550 pesos mexicanos; 600,000 dólares canadienses y 500,000 pesos filipinos.
Sin embargo, los resultados de la fiscalización mostraron que en materia de regulación la Secretaría de Relaciones Exteriores, como miembro del Consejo Nacional de Protección Civil, «no estableció bases y lineamientos para emitir las convocatorias, recepción, administración, control y distribución de los donativos internacionales», en incumplimiento de la Ley General de Protección Civil.
Aunque la Cancillería implementó la «Guía para la Recepción, Organización, Distribución y Envío de Suministros Humanitarios para la Asistencia de Poblaciones Afectadas por un Desastre y el Procedimiento» para coordinar la recepción de la ayuda internacional, esos documentos «solo regulan la organización y la operación de los centros de acopio que reciben donativos en especie, pero no el procedimiento de la administración, control y distribución de los donativos ni la recepción de las aportaciones en dinero».
En materia de coordinación, la SRE, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda no se coordinaron para la oferta de donativos provenientes del exterior, ya que «careció de evidencia documental» del análisis de la capacidad y necesidad para determinar la recepción de apoyos internacionales.
La dependencia tampoco acreditó con documentación que recibió la instrucción de Hacienda, de canalizar los donativos en dinero al Fideicomiso Fuerza México, en incumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley General de Protección Civil.
Respecto de la gestión, la SRE no acreditó gestionar de los donativos internacionales, ya que «no contó con información confiable y oportuna que certificara que los apoyos arribaron a territorio nacional», en incumplimiento del Procedimiento para la Activación de la Recepción de Ayuda Humanitaria y de la Guía para la Recepción, Organización, Distribución y Envío de Suministros Humanitarios para la Asistencia de Poblaciones Afectadas por un Desastre.
Sobre el registro, la cancillería no inscribió en el Registro Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo las donaciones internacionales con motivo de los sismos de 2017, por lo que «se desconocen los montos totales, modalidades y uso de las donaciones en especie, de apoyo técnico y en dinero, en incumplimiento de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo».
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó a la ASF que tuvo conocimiento, mediante las notas diplomáticas de las donaciones siguientes: 12 mil 267 unidades, 197.8 toneladas y 31,467.5 kilogramos de donativos en especie; las 525 personas pertenecientes a grupos de búsqueda y rescate, estructuralistas, atención de emergencias y médicos, así como de 20 unidades caninas, y los 3,234,169.5 dólares americanos, 48,494.0 euros, 20,161,550.0 pesos mexicanos; 600,000.0 dólares canadienses, «sin que la dependencia acreditara que fueron la totalidad de donativos que ingresaron al país, al no demostrar que llevó a cabo la regulación, coordinación, gestión y registro de los donativos».
La gestión de Hacienda en los donativos para atender a la población afectada por los sismos de 2017 también fue deficiente, determinó la ASF en otra revisión, ya que tampoco estableció bases ni lineamientos para emitir las convocatorias, recepción, administración, control y distribución de los donativos; no se coordinó con la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el Fideicomiso Fuerza México para la recepción y distribución de los donativos; y no evidenció contar con criterios de confiabilidad ni mecanismos de actualización permanente.
